Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y eximio tuitero, alega que Twitter “está sofocando la libertad de expresión”, luego que la semana pasada colocara en dos de sus posteos referidos a un posible fraude en la votación vía correo postal, links donde la empresa sugería a los usuarios acceder a más información sobre ese tema desde otras fuentes: «Get the facts…» sugería Twitter a los usuarios en una clara alusión al carácter poco riguroso por no decir falso, de la publicación del mandatario.
El viernes pasado la empresa de Jack Dorsey fue un poco más lejos, ocultó e impidió la visualización inmediata de un tuit de Trump en el que decía “cuando los saqueos comienzan, los disparos comienzan”, en referencia a las revueltas de Minneapolis a partir del asesinato de un hombre negro a manos de la policía local. Trump parece estar alegando que Twitter violó su derecho constitucional a la libertad de expresión, en este último caso la empresa ocultó el tuit sin borrarlo pero aclarando que violaba las reglas de uso de la plataforma que pena la “glorificación de la violencia”.
Sin perder tiempo, Trump firmó el jueves un decreto que solicita, entre otras cosas, a distintas agencias federales que “se aclare el alcance de la inmunidad” de la sección 230 de la Communications Decency Act, una regulación de 1996 que protegía (parcialmente) a las entonces nacientes páginas web de ser responsables por los contenidos que los usuarios pudieran publicar en ellas. Casi 25 años después de aquella regulación, el ecosistema de internet ha cambiado completamente y Trump solicita saber si aquellas protecciones son aún válidas para las empresas actuales de internet hiper-concentradas y con evidentes funciones de editorialización.
La regulación sobre la que indaga Trump sostiene que «Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o el orador de ninguna información proporcionada por otro proveedor de contenido de información» (47 U.S.C. § 230), lo que, como interpreta la Electronic Frontier Foundation significa que «los intermediarios en línea que alojan o republican discursos están protegidos contra una variedad de leyes que de otro modo podrían usarse para responsabilizarlos legalmente de lo que otros dicen y hacen».
La respuesta que obtendrá Trump es evidente. Claramente aquella regulación pensada para un naciente internet masivo de páginas institucionales y foros, no responde adecuadamente a este internet concentrado en un puñado de empresas con sede social en Estados Unidos, y sobre el cual circula buena parte del discurso público en la actualidad en buena parte del mundo. Algunos dudan de la efectividad de esta movida: “realmente se siente como una pieza de teatro político. Quiero decir, el objetivo de la orden ejecutiva no es realmente cambiar mucho la ley porque la Casa Blanca simplemente no tiene la autoridad para hacer mucho (…) Pero creo que es muy eficaz como una especie de amenaza para las plataformas y una señal de que si no cumplen y adaptan sus políticas editoriales a lo que quiere la Casa Blanca, deberían estar preocupados por ser castigados por el gobierno», afirmó Daphne Keller, académica de la universidad de Stanford, entrevistada por NPR.
La idea de que Twitter y otras redes sociales pueden regular sus contenidos según lo deseen, de acuerdo a sus términos y condiciones, podría funcionar en un mundo en que hubiera twitters alternativos e igualmente relevantes. El problema, junto con la notable labor editorial de estas plataformas, es que estos espacios, como el propio Trump argumenta, se han convertido en lugares centrales para la circulación del discurso público a escala planetaria, se encuentran altamente concentradas y funcionan como los custodios de lo decible y lo mostrable, en lo que es una nueva esfera pública donde se da parte del debate democrático.
Claro que el disparo de Trump no se dirige únicamente a Twitter, sino que alcanza además a otros gigantes digitales como Facebook y Google y buena parte de su línea de productos. El debate sobre cómo y si las redes sociales deberían verificar y accionar sobre el contenido que publican sus usuarios no es nuevo y alcanza niveles de complejidad mayor a la agenda que pone con fuerza sobre la mesa Trump en esta ocasión. La relación entre las empresas de Silicon Valley y Washington ha tenido varios momentos públicos de tensión, pero la escalada pública del conflicto esta vez es mayor. Esto llevó a Facebook a desmarcarse de Twitter, y el propio Mark Zuckerberg cuestionó los dichos de Trump pero defendió la política de su empresa de dar vía libre a estos discursos, destacando la necesidad de que los ciudadanos puedan por sus propios medios conocer lo que piensan sus líderes: “las empresas privadas no deberían ser árbitros de la verdad”, aclaró Mark en conversación con Fox News.
Desde una mirada más liberal cualquier intento por imponer regulaciones a empresas de internet es visto con reticencias. Es una mirada para nada ingenua que argumenta que si las cosas han venido funcionando tan bien (?) hasta acá por qué lo romperíamos con regulación del estado: «a internet hay que promoverlo, no regularlo», afirman por ahí.
Como afirma Martin Becerra “El encuadre de la noticia como una pretensión de Trump de ‘censurar las redes sociales digitales, como en China’ es una forma victimizante y efectista, pero falsa de presentar la cuestión. Quien apela al alarmismo recrea los modos del propio Trump quien, con su rabieta, pateó un hormiguero que había sido cuestionado antes por muchos otros espacios políticos de lo más variopintos”.
¿Son las redes sociales editoras de contenido como cualquier otro medio de comunicación tradicional? ¿Deben ser reguladas como tales (medios de comunicación) para imponerles responsabilidades editoriales y reglas de juego estables en la “edición” de los contenidos que por ellas circulan? ¿Es viable abordar el tema desde la defensa de la competencia atacando el tamaño elefantiásico de estas empresas para promover el surgimiento de otros actores y una eventual desconcentración del sector?
El actual modelo de funcionamiento (de negocios) de las redes sociales genera incentivos y es funcional al empobrecimiento del debate público, la proliferación de noticias falsas y campañas de desinformación ¿Se arreglaría esto por la vía de imponer a las empresas responsabilidades editoriales?
Nadie duda de las dudas que genera la iniciativa de Trump, su efectividad y de lo incómodo que nos resulta a algunos estar de acuerdo con sus premisas. Lo cierto es que coloca en lo más alto de la agenda política, pública y mediática una discusión que no es novedosa pero que hasta acá tenía lugar en espacios relativamente pequeños del ámbito político, académico y de la sociedad civil. Trump, con su estilo, lleva el tema a otro nivel, clava una daga en el corazón “neutral” de las redes sociales digitales y nos pone a todos (una vez más y con mucha claridad) ante el fin de la inocencia.
Ezequiel Rivero 
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